El pasado 11 de noviembre se admitió a trámite en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con la finalidad de acercar el ordenamiento nacional a la Directiva 2019/633, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

El principal objetivo que se persigue con la modificación es corregir algunas prácticas desleales que se han venido practicando en el sector primario, provocando un desequilibrio en la cadena agroalimentaria; cuestión que ha suscitado la iniciativa de Unión Europea de armonizar las diferentes normativas nacionales al respecto.

Tal y como expone la Directiva, los desequilibrios en la cadena de suministros agrícola y alimentario son fruto de las diferencias en la capacidad de negociación entre los proveedores y distribuidores o comercializadores, provocando que los segundos impongan condiciones sensiblemente desventajosas los primeros.

De esta manera, la reforma de la Ley busca dar mayor transparencia al funcionamiento a la cadena y a la formación de precios, consiguiendo lograr un equilibrio que proteja a los pequeños productores. Para lograr esto, la ley prohibirá ciertas prácticas comerciales entre las que se encuentran las siguientes:

1. que el comprador devuelva productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos;
2. que se impute al proveedor el pago como condición por el almacenamiento de los productos afectados;
3. que el comprador exija al proveedor que asuma total o parcialmente el coste de aquellos descuentos de los productos agrícolas y alimentarios vendidos por el comprador como parte de una promoción;
4. que el comprador exija al proveedor que pague por la publicidad de productos agrícolas y alimentarios realizada por el comprador;
5. que el comprador exija al proveedor que pague por la comercialización por parte del comprador de productos agrícolas y alimentarios.

Con todo esto, el proyecto de ley que ahora entra en el Congreso será decisivo para conseguir aumentar la competitividad del mercado primario a la vez que equilibrar las relaciones comerciales en dicho sector.